El Ayuntamiento de Villarcayo revirtió la prórroga de la concesión municipal del local de la discoteca “El Soto” en el pleno extraordinacio del pasado 14 de noviembre, un acuerdo que se había tomado el pasado 9 de octubre, en el que la portavoz municipal socialista en el Consistorio, Rosario Martínez, advirtió de su irregularidad. Martínez aseguró que “es imposible prorrogar por un año un contrato que ya no existe”, ya que la concesión del citado local había expirado el pasado 22 de septiembre.
“No se puede prorrogar lo que ha dejado de existir. La ley es clara: una vez expirado el plazo de una concesión, el contrato se extingue y cualquier intento posterior de prolongarlo carece de validez jurídica”, defendió la portavoz socialista, para anunciar su voto en contra en la sesión plenaria de octubre.
Según señala, aquel acuerdo “fue, por tanto, un acto de contenido imposible, que podría haberse evitado si se hubiese convocado un Pleno extraordinario antes del vencimiento del contrato, pero no se hizo y la falta de previsión no puede corregirse vulnerando la legalidad”.
Martínez lamenta la contumacia y la “incoherencia” del Partido Popular, que mantuvo su posición a pesar del informe jurídico de Secretaría del Consistorio en respuesta al recurso del Grupo Socialista, que concluyó que “el acuerdo de prórroga es anulable, la concesión se encuentra extinguida y el bien municipal debe revertir al Ayuntamiento”.
Rosario Martínez añade que en la Comisión de Obras y Urbanismo del pasado 11 de noviembre, el alcalde y la teniente de alcalde votaron en contra de la propuesta que ellos mismos habían impulsado, la propuesta de resolución que estimaba el recurso de reposición, “desoyendo tanto el criterio técnico como la legalidad”.
“No se puede pedir evitar la ‘judicialización’ de la política y, al mismo tiempo, oponerse a la única vía legal de corrección que ofrece la normativa”, defiende la portavoz socialista. “Demandamos al equipo de gobierno mayor rigor administrativo y respeto a los procedimientos legales para evitar situaciones que comprometan la imagen institucional del Ayuntamiento y expongan al municipio y a los cargos públicos a responsabilidades innecesarias; seguiremos defendiendo la legalidad, la transparencia y la gestión responsable de los bienes públicos”, recalca.
