La droga “viajaba” en un turismo que fue interceptado en un dispositivo policial. Los tres ocupantes del vehículo han sido detenidos por tráfico de drogas.

La Guardia Civil ha detenido en la A-I a su paso por la comarca de La Ribera a B.A.O. (41), G.D.S. (39) y A.J.L.(24) como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles 1 de julio, fruto de un dispositivo policial desplegado en la autovía A-I, en el que participaron varias unidades de la Comandancia de Burgos.

Dicho dispositivo se enmarca en el denominado Plan Telos (“Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de Hachís Procedente de Marruecos”) dirigido a interceptar los vehículos que, con origen en el país norteafricano, circulen por las carreteras españolas transportando dicho estupefaciente bien en dobles fondos o por cualquier otro modus operandi.

Un vehículo que circulaba sentido norte y que se aproximaba al punto donde se ubicada el despliegue fue parado; dentro viajaban tres personas que fueron identificadas, acción que se llevó a cabo bajo un inusual estado de nerviosismo por su parte, lo que levantó las sospechas.

Un registro superficial realizado en el interior del maletero descubrió una bolsa negra de plástico, que desprendía un fuerte olor a marihuana, comprobándose al abrirla que contenía cogollos secos de esta droga, sustancia que una vez pesada arrojó un peso de 3.700 gramos, por lo que fue aprehendida.

Un registro más profundo al vehículo y a las pertenencias de los ocupantes ha permitido localizar e intervenir 14.940 euros en billetes de distinto valor y dos teléfonos móviles. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero.

Conducía un vehículo articulado bajo la influencia de bebidas alcohólicas y arrojó resultados positivos 0’97 mg/l. Fue localizado y parado en la A-1 tras el aviso de varios usuarios de la vía que comunicaban una conducción en zig-zag.

Fuerzas de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos han investigado a P.I.P. (50) como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas con resultados positivos en las pruebas de alcoholemia practicadas.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes 29 de junio, en la A-1 a su paso por la comarca del Arlanza, cuando se recibían varias llamadas telefónicas dimanantes de usuarios de la vía que alertaban, a través del 112-emergencias, de la anómala conducción de un vehículo articulado que circulaba sentido sur de manera zigzagueante.

Una Patrulla interceptaba al vehículo pesado, compuesto por cabeza tractora y semirremolque, consiguiendo darle el alto y retirarlo de la circulación varios kilómetros más adelante.

Se verificó la documentación personal y la del vehículo y se practicó una revisión al tacógrafo, motivada bajo la sospecha de anomalías en la conducción; como resultado se detectaron varias irregularidades ya que carecía, por caducidad, del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) que le autoriza la conducción de este tipo de vehículos. También se detectaron excesos de tiempos de conducción semanales.

En el conductor se observaron síntomas evidentes de haber ingerido alcohol y de encontrarse bajo su influencia, hecho corroborado al arrojar sendos resultados positivos en la prueba de alcoholemia de 0’97 mg/l, lo que significa que superaba en más de seis veces la tasa máxima establecida para este grupo de conductores “profesionales”  que es de 0’15 mg/l.

Por este hecho P.I.P. ha sido investigado como presunto autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.

Por último fue propuesto para sanción administrativa por no mantener el obligatorio distanciamiento social motivado por la crisis sanitaria del COVID-19 y no hacer uso de la mascarilla sanitaria a pesar de los reiterados requerimientos de los Agentes.

La ingesta de bebidas alcohólicas así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

Estas conductas al volante pueden conllevar administrativamente hasta 1.000 € de sanción y penalmente podrán ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil resalta la importancia de denunciar estos hechos y pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app Alertcops; cualquier emergencia, información o colaboración que desee facilitar en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial o medioambiental es tratada de manera discreta y anónima.

Llegó a perder el conocimiento al sufrir una caída cuando circulaba por un camino terrizo de la comarca del Arlanza. Presentaba policontusiones y alguna posible fractura por lo que fue evacuado en ambulancia a un hospital en la capital.

La Guardia Civil ha localizado y auxiliado a un ciclista de 43 años de edad, vecino de Burgos, tras sufrir un accidente al caerse de la bicicleta cuando practicaba ciclismo por un camino terrizo en un paraje abierto en el entorno de la ermita de San Olav, en la comarca del Arlanza.

Los hechos ocurrieron a las 10:15 horas del pasado domingo 21 de junio, momento en el que se recibió una llamada telefónica, en la que se comunicaba un accidente por caída de un ciclista cuando circulaba por un camino en las proximidades de la ermita moderna de San Olav, en término municipal de Covarrubias, y a consecuencia de ésta había perdido el conocimiento.

Una patrulla fue comisionada al lugar donde, además de la persona accidentada, se encontraban otros dos ciclistas más. Consciente, estable pero dolorido, con claras evidencias de haber sufrido un accidente por caída de bicicleta, presentaba policontusiones y dolor intenso en un hombro.

Los guardias civiles colaboraron con el personal sanitario que se desplazó al paraje en ambulancia y que atendieron al herido de las lesiones que presentaba. Más tarde, para descartar cualquier tipo de fractura, fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital. La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app Alertcops; cualquier emergencia, información o colaboración que desee facilitar en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial o medioambiental es tratada de manera discreta y anónima.

El subdelegado del Gobierno, Pedro L. de la Fuente, ha acudido al Banco de Alimentos de Burgos y Cruz Roja de Burgos, desde donde se repartirán los productos a las organizaciones asociadas de reparto. El número de beneficiarios del Programa ha aumentado respecto a la campaña anterior, en la que hubo 5.773 personas beneficiarias de la última fase frente a las 6.309 de esta.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha el ‘Programa 2020 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas’, en el que se repartirá, de forma gratuita, 103.634,16 kilos de alimentos en la provincia de Burgos, con un coste de 78.794,48 euros.

El Programa 2020, que ha supuesto la adquisición de alimentos mediante un proceso de licitación pública por más de 87 millones de euros, está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional. Como en ediciones anteriores, este se desarrollará en tres fases, dos de ellas en el año 2020 y la tercera en el primer trimestre de 2021.

Gracias a él, se distribuye entre los beneficiarios alimentos de carácter básico, variados, nutritivos y poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento.

En su visita a los centros de distribución, Banco de Alimentos de Burgos y Cruz Roja de Burgos, el subdelegado del Gobierno ha podido comprobar de primera mano el proceso de entrega de los alimentos a  las entidades  colaboradoras junto con vicepresidente de Banco de Alimentos Burgos, Miguel Ángel López Santaolalla, y del presidente de Cruz Roja en Burgos, Arturo Almansa.

El 50% de estos se ha entregado al Banco de Alimentos y la otra mitad a Cruz Roja, que los distribuirán entre las 24 organizaciones asociadas de reparto, las cuales harán llegar los alimentos a sus beneficiarios. En Burgos, un total de 6.309 personas podrá acceder a esta ayuda que les permitirán preparar una comida completa. Cruz Roja repartirá alimentos a 3.050 personas, mientras  que 3.259 los recibirán a través de Banco de Alimentos.

Pedro de la Fuente ha destacado que “en una situación como la actual, en la  que vivimos una crisis sanitaria y económica, aquellos más desfavorecidos requieren de resortes sociales como este programa, que supone una ayuda para aquellos que pueden llegar a fin de mes”.

Además, el subdelegado ha recalcado “el compromiso de este Gobierno con la lucha contra la desigualdad y la erradicación de la pobreza, más necesaria en un momento en el que no se puede dejar a nadie atrás. En esta línea se han aprobado medidas como la implantación del Ingreso Mínimo Vital”.

Entre las asociaciones a las que se repartirán los alimentos en la provincia figuran Cáritas Diocesana Atención Familias, Promoción Gitana, Atalaya Cafetín, las oficinas locales de Cruz Roja o la Asociación de familias Numer.

La “cesta de alimentos” incluye arroz, alubias cocidas, leche entera UHT, aceite de oliva, sardina en conserva, conserva de carne (magro), pasta alimenticia, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, fruta en conserva, batido de chocolate y tarritos infantiles de fruta y pollo.

El detenido denunció que alguien había manipulado la cerradura de la puerta de acceso a su vivienda.

Durante los primeros días del presente mes, un vecino de Burgos presentó una denuncia ante la Policía Nacional, manifestando que al volver a su domicilio tras haber estado paseando, sin que hubiera transcurrido mucho tiempo, se encontró que no podía abrir la puerta de su casa, al parecer porque alguien la había manipulado durante su ausencia.

En las manifestaciones del perjudicado los agentes observaron alguna incongruencia, es por eso que le citaron nuevamente en dependencias policiales, donde acudió voluntariamente para ser oído en declaración y aclarar las dudas de los investigadores.

El hombre reiteró que los hechos habían sucedido tal y como contó en su primera denuncia, en la misma fecha y hora que había detallado, comentando que para poder acceder a su domicilio contactó con un cerrajero que llevó a  cabo la sustitución de la cerradura, quedándose la manipulada. Añadió también que la factura por el cambio y mano de obra ascendía a 629 euros, de lo cual había dado cuenta a su compañía de seguros.

Finalmente el resultado de las gestiones concluía que se trataba presuntamente de una denuncia falsa y que el aviso a la empresa de cerrajería se había producido en una fecha distinta a la aportada. Además la cerradura la había desmontado el propio denunciante desde dentro del domicilio al tener problemas para abrir la puerta, y eso precisamente había determinado que el mecanismo  de apertura quedara bloqueado.

El resultado es que la persona, que hasta el momento parecía víctima de tentativa de robo en su domicilio, pasaba ahora a detenido como presunto autor de una denuncia falsa y estafa a la compañía aseguradora.

En este caso el denunciante ratificó su versión hasta en dos ocasiones a pesar de las advertencias por parte de los agentes sobre la responsabilidad de simular ser víctima de una infracción penal o bien faltar a la verdad en su testimonio lo cual conlleva una responsabilidad penal.

Este tipo de denuncias se presentan con la finalidad de obtener de la compañía aseguradora una indemnización o como justificación a una conducta inapropiada, sin tener en cuenta que con ello se incurre en responsabilidad penal. Se trata también de un comportamiento incívico que ocasiona además un perjuicio a otros ciudadanos que verdaderamente han sido víctimas de un hecho delictivo, generando un mayor tiempo de espera para la presentación de las denuncias y en la dedicación de medios humanos y materiales a investigar delitos que nunca se han cometido.

Se hace necesario recordar que cuando un ciudadano presenta y firma una denuncia tiene la obligación legal de decir la verdad incurriendo en responsabilidad penal si imputara falsamente a una persona o simulara ser responsable o víctima de una infracción penal. La Policía Nacional investigará todas las denuncias interpuestas en este sentido.

Al anuncio colgado en una popular aplicación sucumbió un joven que llegó a pagar 700 euros.

Son múltiples las modalidades que utilizan los estafadores a la hora de captar la atención de los internautas  mediante  anuncios de todo tipo, tanto de compra, de venta o bien con ofertas de otros servicios a veces inverosímiles como puede ser este caso. Este anunciante ofrecía mediante determinados trámites, facilitar “el carnet de conducir, de forma legal”.

Un joven de 19 años, vecino de Burgos, vio en ello una estupenda oportunidad para la obtención del permiso de conducir, y sin dudarlo contactó con el anunciante. Con este acordó adquirir un permiso y ambos fijaron un precio final de 900 euros. Posteriormente al acuerdo, el comprador realizó tres  transferencias en distintos días por un valor de 700 euros, tras las  cuales empezó a recelar de la operación ya que cuando intentaba contactar con el anunciante se percató que lo había bloqueado, optando entonces por presentar denuncia en la Comisaría Provincial de Burgos.

Los agentes que se encargaron de la investigación pudieron determinar después de múltiples gestiones la identidad del estafador, M.J.S., de 23 años, residente en la capital de España, pero con una larga lista de antecedentes por diversos delitos repartidos por toda la geografía nacional, entre los que también figuran más casos de estafas.

Una búsqueda más minuciosa en el domicilio, tras el hallazgo casual de la primera, permitió la localización de la segunda y de 75 cartuchos de caza.

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la 12ª Zona de la Guardia Civil con sede en Burgos procedieron días atrás a la retirada para su destrucción de dos granadas de mortero instrucción ECIA modelo 41 con falsa espoleta Valero 48 y 75 cartuchos antiguos de caza que aparecieron en una vivienda.

Una persona comunicaba a la Guardia Civil el hallazgo casual de lo que parecía ser un proyectil militar, en una vivienda de una localidad de la comarca burgalesa de La Bureba, cuando realizaba labores de limpieza en el domicilio que antaño perteneció a unos familiares.

Los especialistas en Desactivación de Explosivos se trasladaron al lugar reseñado donde comprobaron la veracidad de los hechos relatados por el comunicante. Ante la sospecha de que pudiera existir más artefactos se llevó a cabo una minuciosa búsqueda en las instancias de la casa, donde finalmente se localizó otro proyectil de iguales características y 75 cartuchos de caza de notable antigüedad. Una vez inspeccionadas las municiones visualmente por el EDEX, con las reglamentarias medidas de seguridad, fueron retiradas del interior de la vivienda para su destrucción de manera controlada en un lugar adecuado. 

Recomendaciones en el supuesto de un hallazgo

Tanto este como otros tipos de munición y/o artefactos o material explosivo NO son objetos de colección. El comercio y/o su tenencia queda terminantemente prohibida.

Ante la aparición de este u otros tipos de munición y/o artefactos o material explosivo, deben abstenerse de desplazar, modificar o manipular los mismos, ya que estas acciones pueden poner en grave peligro al particular y al resto de la población debido a las especiales características de estos hallazgos, ya de por sí inestables.

Nuestra actuación debe limitarse a comunicar su avistamiento y facilitar si es posible su localización exacta a través de las coordenadas geográficas de posicionamiento que facilitan las prestaciones de los teléfonos móviles.

La Guardia Civil remarca la importancia de denunciar estos hechos y pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.

Sufrió un aparatoso accidente de circulación al salirse de la vía, abandonando el lugar ileso y sin comunicarlo. La investigación destapa que había sido privado temporalmente de la Autorización para conducir por sentencia judicial.

Fuerzas de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos han investigado a J.A.C.M. de 32 años de edad como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor careciendo de Permiso de Conducción, Autorización que tenía retirada por sentencia judicial.

Días atrás, minutos antes de las 7:00 horas, ocurría un aparatoso accidente de circulación en la carretera BU-945, en La Ribera; un turismo se salía de la vía por su margen derecho y chocaba contra una señal vertical de tráfico para seguidamente caer por desnivel a una finca de cereal y volcar en tonel. Del siniestro resultaron importantes daños materiales en el vehículo implicado y la señalización de la vía.

A la llegada de los Agentes al lugar del accidente, caracterizado por ser un tramo recto, no se encontraba el conductor, tampoco ningún ocupante ni persona que se responsabilizara del vehículo.

Se practicaron gestiones por hospitales, centros de salud y domicilios del titular del turismo con la finalidad de interesarse por el estado del mismo y las circunstancias concurrentes, con resultado negativo; no obstante horas más tarde, fruto de las indagaciones llevadas a cabo se identificó y localizó al conductor que había resultado ileso, aunque con magulladuras, quien se presentó voluntariamente en dependencias oficiales del Cuerpo. 

La investigación ha demostrado que J.A.C.M. carecía de Permiso de Conducción ya que sobre el mismo recaía una sentencia, en vigor hasta diciembre de 2020, de suspensión temporal de la Autorización para conducir dictada por el Juzgado Penal Nº 3 de Burgos que le privaba del ejercicio de la conducción por un periodo de 10 meses.

Ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, instruyéndose diligencias que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero.

En connivencia, se ganaron la confianza de la chica para conseguir fotografías de ella desnuda. La extorsionaron y amenazaron con publicarlas si no enviaba más imágenes “comprometidas”. La comunicación a sus padres y la posterior denuncia ha permitido la identificación y localización de los implicados.

La Guardia Civil en el marco de la Operación “GEROBUR” ha investigado días atrás a H.J.A.A. (18) y a A.M.I. (20) como presuntos autores de un delito de acoso sexual a una menor.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil el mes de junio de 2018. Un padre denunciaba que su hija había mantenido una conversación por redes sociales con una persona quien, tras ganarse su confianza con halagos, la había convencido para que le mandara 6 imágenes de su torso desnudo.

La menor, residente en la provincia y que entonces tenía 14 años de edad, accedió a ello voluntariamente. Sin embargo días más tarde una tercera persona se puso en contacto con ella a través de la misma red social pero desde otra cuenta diferente.

El desconocido, también menor de edad en aquella época, la advirtió que tenía en su poder las fotografías que ella voluntariamente había realizado días antes, amenazándola con difundirlas en su entorno más cercano, familiares y amigas, sin ésta no accedía a enviarle más imágenes “comprometedoras” de contenido sexual.

La menor no accedió a la extorsión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de sus progenitores y estos a la Guardia Civil, que al instante abría una complicada investigación de la que se hizo cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos.

Las pesquisas practicadas han permitido conocer que la víctima no conocía a los implicados en el complot quienes, además, llevaron a cabo varias acciones para dificultar su seguimiento como por ejemplo el borrado de los perfiles en sus cuentas de Instagram.

El resultado de las gestiones realizadas durante estos meses ha supuesto la identificación de los titulares de las cuentas desde la que se llevó a cabo la trama y su localización en dos domicilios de la provincia de Barcelona, donde, con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esa provincia, han sido investigados en dependencias oficiales de la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de acoso sexual.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes.

Qué debe saber un menor

Los jóvenes son ajenos a las graves consecuencias que genera este tipo de envíos; la principal recomendación es que no caigan en el “sexting”. Un contenido de carácter sexual, generado de manera voluntaria puede entrar en un proceso de reenvío masivo multiplicándose su difusión y puede llegar a ocupar páginas de contenido pornográfico.

La Guardia Civil y en particular la Comandancia de Burgos recuerda, como acostumbra en las charlas que imparte en centros escolares de la provincia, que una vez que se envía una imagen, video o mensaje se pierde todo el dominio sobre ellos.

Ningún delito cometido a través de las TIC queda impune

A pesar de lo que piensan los autores de este tipo de delitos (denuncias falsas, estafas, timos o ventas fraudulentas…) cometidos vía online, equivocadamente amparados por el supuesto y falso anonimato que proporciona Internet, ningún ilícito realizado a través de la web queda impune ya que siempre existe lo que se denomina “huella digital”. En el ámbito de la ciberseguridad, la Guardia Civil centra su actividad tanto en la prevención como en la persecución de los delitos cometidos en este ámbito, mostrando una preocupación permanente por el colectivo en este caso afectado y a la vez por adaptarse a las nuevas tecnologías y su uso.