ENRESA, Empresa Estatal de Residuos, presentó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la solicitud de la transferencia de la titularidad de la central de Santa María de Garoña y la autorización para iniciar posiblemente en al año 2022 la primera fase de su desmantelamiento y que tendrá un coste aproximado de 470 millones de euros.
El Ministerio adoptará una resolución una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita el obligatorio informe a partir de los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Enresa ha informado que es previsible que la autorización pueda hacerse efectiva en 2022, cuando la empresa Nuclenor dejará de ser titular de la planta, y será partir de entonces cuando comenzará de forma material de la primera fase del desmantelamiento, que tendrá una duración de 3 años y cuya tarea principal será la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) situado en la propia central, así como el desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase.
Hasta que Enresa reciba la autorización para esta primera fase del desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central, continuarán avanzando las actividades preparatorias en la llamada fase de transición.
ENRESA y la empresa aún titular de Santa María de Garoña, Nuclenor, terminaron hace poco la caracterización radiológica del edificio de turbina, y casi han acabado de poner fuera de servicio los sistemas no necesarios para el desmantelamiento. Próximamente se iniciarán las actividades relacionadas para eliminar riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades del desmantelamiento, así como la carga de los primeros cinco contenedores de combustible gastado y su traslado al ATI.
El comienzo de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización por parte del MITECO, y de nuevo otro informe favorable del CSN.
Enresa estima que la segunda fase comience en el año 2025 y durará unos siete años. En ella se realizará el desmantelamiento del reactor y del resto de edificios con implicaciones radiológicas. A ello le seguirá las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.
El coste total estimado para la realización de todas las fases es de unos 468 millones de euros, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares en explotación. En esta cantidad no se incluye el coste ya incurrido de construcción del ATI ni tampoco los contenedores para el combustible gastado.
Enresa facilitará la actividad económica y la creación de empleo en el entorno de la central, en colaboración con los Ayuntamientos y los agentes sociales y económicos provinciales y regionales, con sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y desde el respeto a los principios de transparencia y no discriminación.